La diplomacia climática global ya tiene su próxima coordenada: Antalya, Turquía, del 9 al 20 de noviembre de 2026. La COP31 — la 31ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) — será, en palabras del secretario ejecutivo Simon Stiell, una conferencia en la que ya no hay espacio para las excusas ni para los borradores. "Ya no se trata de negociar compromisos: se trata de demostrar que se cumplen." El escenario en que llega es perturbador: los Planes Climáticos Nacionales (NDC) vigentes apuntan a un calentamiento de 2,8°C hacia finales de siglo, la ONU advierte que superar el umbral de 1,5°C será casi inevitable entre 2026 y 2035, y los Estados Unidos de Trump abandonaron oficialmente el Acuerdo de París el 27 de enero de 2026 — dejando fuera a la segunda mayor economía emisora del planeta. Y mientras los gobiernos llegan a Antalya a negociar cifras, las organizaciones de Abya Yala Soberana —articulación continental de pueblos indígenas, movimientos campesinos y resistencias comunitarias de más de 15 países— advierten que el sistema climático global no puede salvarse si los guardianes de los territorios siguen siendo invitados simbólicos en las cumbres pero excluidos de las decisiones reales.

El camino hasta Antalya no fue sencillo. Turquía y Australia compitieron durante más de tres años para ser la sede de la COP31. Australia, bajo el gobierno laborista de Anthony Albanese, había hecho de la candidatura climática una prioridad política nacional: planeaba hospedar la cumbre en Adelaida, con un fuerte énfasis en las naciones insulares del Pacífico, las más vulnerables al aumento del nivel del mar. Turquía, por su parte, argumentaba que su posición geográfica como puente entre Europa, el Mediterráneo y Asia Central le daba una plataforma única para la diplomacia climática. Las reglas de la ONU exigen consenso para designar sede; sin acuerdo, la COP se hubiera celebrado automáticamente en Bonn, sede burocrática del organismo, lo que habría significado una cumbre sin perfil político. Después de una semana de negociaciones durante la COP30 en Belém, ambos países llegaron a un acuerdo inédito en la historia de las COP: Turquía será la sede física y el anfitrión logístico, con el Antalya Expo Centre como lugar de negociaciones técnicas y una Cumbre de Líderes en Estambul para los compromisos políticos de alto nivel. Australia, a través del ministro de Energía y Clima Chris Bowen, asumirá la presidencia de las negociaciones con "autoridad exclusiva" sobre la agenda, los textos y la designación de facilitadores. El primer ministro Albanese lo llamó "un resultado excelente".

La COP31 no parte de cero. Hereda mandatos concretos de sus predecesoras y llega con una presión de implementación que ninguna cumbre anterior ha enfrentado con tanta claridad. La COP28 de Dubái concluyó el primer Balance Global y produjo el Consenso de los Emiratos, que inició el debate sobre la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles. La COP29 de Bakú se centró en las finanzas climáticas y acordó el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG): 300.000 millones de dólares anuales para 2035 en financiamiento climático, de los cuales 120.000 millones serán para adaptación. La COP30 de Belém, celebrada en el corazón de la Amazonía, prometió ser la cumbre de la implementación pero dejó heridas abiertas: el texto final eliminó toda mención a los combustibles fósiles, generando protestas de Colombia, Ecuador, Panamá, Uruguay y Paraguay, y el presidente de la cumbre debió comprometerse a trabajar durante todo 2026 en hojas de ruta vinculantes sobre deforestación y transición energética. Ese trabajo no resuelto llega directamente a Antalya.

Mientras los negociadores de los Estados preparan sus posiciones para Antalya, desde los territorios del continente americano —o Abya Yala, como lo nombran los pueblos originarios— se articula una voz diferente, más antigua y más urgente. Abya Yala Soberana es un espacio de articulación regional nacido en Guatemala en 2020, integrado por movimientos sociales, organizaciones populares, pueblos indígenas, comunidades campesinas y medios de comunicación alternativos de más de 15 países. El nombre proviene del idioma guna, hablado por el pueblo gunadule de Colombia y Panamá: "Abya Yala" significa "tierra en plena madurez" y fue adoptado como nombre propio del continente americano por el Consejo Mundial de los Pueblos Indígenas en 1977, como acto de resistencia simbólica frente al término colonial "América". Hoy, organizaciones como CONAIE (Ecuador), el CRIC (Colombia), CODECA (Guatemala), el Parlamento Mapuche (Chile), Rondas Campesinas (Perú), MILPA (El Salvador), MADJ (Honduras) y decenas más usan ese nombre para articular luchas que van desde la defensa del agua hasta la resistencia al extractivismo, desde la demarcación de territorios hasta la denuncia del cambio climático como consecuencia directa del colonialismo y el capitalismo.

La posición de Abya Yala Soberana y de los movimientos que la integran frente a las cumbres del clima es clara y compleja al mismo tiempo. No se oponen a las negociaciones: entienden que los acuerdos internacionales son necesarios. Pero cuestionan radicalmente la arquitectura de poder que los sostiene. En la COP30, la Flotilla Amazónica Yaku Mama navegó más de 3.000 kilómetros por los ríos de la Amazonía para llevar sus demandas hasta Belém. Alrededor de 3.000 representantes indígenas llegaron a la cumbre — la mayor participación indígena en la historia de las COP. Sin embargo, solo una fracción pudo ingresar a la "Zona Azul", el espacio exclusivo de negociaciones formales. Las líderes Nemonte Nenquimo, Hindou Oumarou Ibrahim y Rukka Sombolinggi publicaron en Context News la estadística que resume la paradoja: los pueblos indígenas gestionan casi un tercio de los bosques tropicales del mundo con mayor eficacia que cualquier otro modelo de gobernanza, pero reciben directamente menos del 1% del financiamiento climático internacional. En Antalya, las organizaciones de Abya Yala y sus pares internacionales exigirán que esa brecha se cierre con mecanismos vinculantes, no con promesas simbólicas.

América Latina llega a Antalya con una posición paradójica: es la región más biodiversa del planeta, la que más depende de sus ecosistemas para la regulación climática global, y al mismo tiempo una de las más rezagadas en la presentación y cumplimiento de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). Brasil aumentó su ambición climática con una nueva NDC con horizonte 2035, situándose entre los pocos países que la presentaron antes de la COP30. Ecuador hizo lo mismo pero presentó contradicciones flagrantes: mientras defendía su NDC en los pabellones de Belém, el gobierno de Noboa planificaba 49 proyectos petroleros que amenazan 29.663 km² de territorios indígenas — el equivalente al tamaño de Bélgica. Chile se mantiene como referente regional en renovables e incluyó una meta específica sobre metano. Argentina no presentó actualización, con Milei ausente de Belém y el compromiso climático subordinado a la agenda de desregulación económica. Colombia rechazó el texto final de Belém por omitir los combustibles fósiles, y junto a Países Bajos anunció la Primera Conferencia Internacional sobre la Transición Justa lejos de los Fósiles, prevista para abril de 2026 en Santa Marta. México tampoco presentó nueva NDC en 2025.

El 27 de enero de 2026, exactamente un año después de que Donald Trump firmara la orden ejecutiva para salir del Acuerdo de París, la retirada se hizo efectiva. Estados Unidos — responsable de aproximadamente el 14% de las emisiones globales actuales y del mayor porcentaje histórico acumulado de CO₂ — vuelve a estar fuera del principal marco climático internacional. Esta es la segunda salida estadounidense del acuerdo: la primera fue en el primer mandato de Trump (2017) y fue revertida por Biden en 2021. La diferencia ahora es que el retiro llega en el peor momento científico posible: en el mismo mes en que la ONU confirma que superar 1,5°C será casi inevitable en la próxima década. EE.UU. participará en la COP31 como observador sin voto. El hueco financiero que deja es considerable: bajo Biden, EE.UU. se había comprometido a aportar 11.400 millones de dólares anuales en financiamiento climático para países en desarrollo, de los cuales solo había desembolsado una fracción. Con Trump, ese compromiso desaparece del todo.