Hoy, 23 de febrero, se conmemora el Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio, una fecha que desde 2003 recuerda la decisión unánime de los ministros de medio ambiente del mundo de preparar un tratado global y vinculante para regular este metal. El mercurio es el único metal líquido a temperatura ambiente, invisible en sus vapores, y clasificado por la Organización Mundial de la Salud como una de las diez sustancias químicas de mayor preocupación para la salud pública en el planeta. La conmemoración de este año llega con una alerta urgente del relator especial de Naciones Unidas para Tóxicos y Derechos Humanos, Marcos A. Orellana: la proliferación de la minería artesanal de oro en la cuenca amazónica —vinculada al crimen organizado transnacional— está desbordando los límites del Convenio de Minamata, firmado por 151 países más la Unión Europea, y ese tratado necesita ser actualizado con urgencia.

La bahía de Minamata, en Japón, fue durante décadas un paraíso pesquero. Entre 1932 y 1968, la empresa Chisso Corporation vertió toneladas de residuos industriales cargados de mercurio en esas aguas. Las consecuencias fueron devastadoras: los peces contaminados con metilmercurio envenenaron a miles de personas, causando un síndrome neurológico irreversible, la llamada "enfermedad de Minamata", con síntomas como pérdida de coordinación motora, alteraciones sensoriales, parálisis y muerte. Más de 3.000 personas murieron, y las secuelas se transmitieron incluso por vía intrauterina a niños que nacieron con graves discapacidades sin haber consumido directamente el pescado. El fotógrafo estadounidense Eugene Smith documentó con imágenes demoledoras la agonía de los afectados, y esas fotografías se convirtieron en uno de los documentos visuales más importantes de la historia del periodismo ambiental.

Si Minamata fue la tragedia del siglo XX, la cuenca amazónica es la tragedia del siglo XXI. Un estudio de la Universidad de Nanjing publicado en la revista Science Advances reveló que la contaminación por mercurio en los ríos del mundo se ha duplicado desde la era preindustrial: de 390 toneladas métricas al año vertidas en 1850 a 1.000 toneladas hoy. La región del Amazonas, que abarca Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Guyana, concentra la mayor contaminación por minería artesanal del planeta. Solo en la región peruana de Madre de Dios se liberan más de 180 toneladas de mercurio al año, según un estudio del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) basado en 15 años de investigación. El 80% del mercurio que llega a la atmósfera desde Sudamérica tiene origen en la Amazonía. Las aves y murciélagos de la zona presentan niveles de mercurio de tres a cinco veces superiores a los de zonas no afectadas, con reducción de hasta el 40% en su capacidad reproductiva.

La dimensión más perturbadora de la crisis del mercurio en América Latina no es industrial: es criminal. Un informe de la Environmental Investigation Agency (EIA) reveló una red de tráfico de mercurio que opera desde México hacia Perú, Bolivia y Colombia para abastecer la minería ilegal de oro en la cuenca amazónica. Al menos 200 toneladas de mercurio fueron suministradas ilegalmente a través de esta red en seis años. Las 19 minas artesanales que abastecen la red identificada por la EIA están ubicadas dentro de un área protegida por la UNESCO —la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de Querétaro, en México— y son controladas mayoritariamente por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). El mercurio, que en México cuesta alrededor de 330 dólares por kilo, llega a venderse en la Amazonía a un 400% más, lo que convierte el tráfico en un negocio altamente rentable. En Colombia, solo con los cargamentos detectados desde México entre 2019 y 2025, se estima que la red movió más de 13 millones de dólares.

En declaraciones emitidas precisamente hoy, el relator especial de la ONU para Tóxicos y Derechos Humanos, Marcos A. Orellana, advirtió con claridad que el Convenio de Minamata, en su forma actual, no alcanza para contener la crisis. Sus palabras resonaron en los círculos ambientales internacionales: la minería artesanal de oro, principal fuente de contaminación, representa ya el 38% del total de emisiones globales de mercurio y esta proporción va en aumento. El problema se agrava porque el alza histórica del precio del oro en los mercados internacionales hace cada vez más rentable la extracción ilegal, incentivando su expansión en zonas remotas donde los Estados tienen escasa presencia. "La diferencia de la minería artesanal sobre otras fuentes es tremendamente mayor, y esta pequeña minería va en aumento a nivel global", dijo Orellana. "Resulta imperativo cerrar las brechas del convenio con urgencia."

El convenio actual aborda la minería artesanal fundamentalmente a través de planes de acción nacionales, cuyo diseño y ejecución depende de la voluntad política de cada gobierno. En muchos países latinoamericanos, la minería artesanal opera en la legalidad o en una zona gris: es legal en algunos países, lo que significa, como señaló Orellana, que se trata de una "contaminación legalizada por el Estado". Las refinerías internacionales de oro —muchas de ellas en Suiza, Emiratos Árabes Unidos e India— compran el metal sin distinguir su origen, lavando en sus hornos el producto de la devastación ambiental amazónica. La trazabilidad del oro es el eslabón más débil de toda la cadena.

La crisis del mercurio no carece de soluciones técnicas. El PNUD y el Ministerio del Ambiente del Perú instalaron plantas gravimétricas en la región de Ananea (Puno) que permiten extraer oro sin mercurio, con mayor eficiencia: por cada porción de oro recuperada con mercurio, la gravimetría permite obtener hasta un 15% más. Esta tecnología ya funciona en decenas de países. El desafío no es técnico sino económico, político y criminal: formalizar a los 10-15 millones de mineros artesanales del mundo que dependen del mercurio requiere inversión sostenida, cadenas de suministro alternativas, y —sobre todo— desarticular las redes criminales que controlan el abastecimiento del metal. En marzo de 2025, el PNUMA y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) lanzaron una iniciativa regional en Bogotá para fortalecer el control del comercio de mercurio en América Latina, capacitando funcionarios de aduanas en todos los países de la región.