El 1 de febrero de 2026, Costa Rica eligió a su presidenta número 50 con una contundencia que sorprendió incluso a sus propios encuestadores. Laura Fernández Delgado, de 39 años, exministra de Planificación y luego de la Presidencia bajo Rodrigo Chaves, obtuvo el 48,3% de los votos válidos en una primera vuelta que no requirió segunda ronda — un hecho que no ocurría desde que Laura Chinchilla ganó en 2010 con el 46,9%. Fernández asumirá la presidencia el 8 de mayo de 2026, convirtiéndose en la segunda mujer en gobernar el país. Su partido, Pueblo Soberano (PPSO), obtuvo además 31 de los 57 escaños de la Asamblea Legislativa: mayoría absoluta que no alcanza para reformar la Constitución, pero que le permite aprobar leyes ordinarias, el presupuesto y designar 25 cargos clave del Estado, incluida la Contraloría.

Para entender por qué Costa Rica eligió a una candidata que habla de "suspender garantías individuales" y modela su gobierno en el de Nayib Bukele, hay que entender los números de sangre que acorralan al país. Costa Rica fue durante décadas el refugio de paz de Centroamérica, sin ejército, con educación y salud universales, elogiada como la democracia más estable del istmo. Esa imagen se rompió de forma irreversible. En 2023 se registraron 907 homicidios — el récord histórico —, en 2024 fueron 880, en 2025 la cifra fue de 873. La tasa alcanzó los 16,7 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial. El 78% de los asesinatos fue con arma de fuego, el 65-70% vinculado a ajustes de cuentas entre bandas narcotraficantes.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, lo dijo sin eufemismos: "el principal riesgo que tiene ahora la democracia costarricense es el crimen organizado." En 26 cantones, la tasa de homicidios se duplicó o más durante el gobierno de Chaves. En Parrita (Puntarenas) la tasa alcanzó 90 por cada 100.000 personas — niveles comparables a ciudades en guerra. Los 13 años son ya la edad mínima detectada en casos de sicariato. El Caribe Sur, el Pacífico Central y barrios josefinos como Pavas o San Sebastián se convirtieron en zonas de guerra urbana. Costa Rica además se convirtió en el principal puerto de exportación de cocaína hacia Europa, con el 49% de los homicidios concentrados en apenas 27 de sus 478 distritos.

Rodrigo Chaves asumió la presidencia en mayo de 2022 como un outsider disruptivo: ex-economista del Banco Mundial, ex-ministro de Hacienda acusado de acoso sexual, con financiación de campaña bajo investigación. Ganó con apenas el 10% de escaños legislativos, lo que le convirtió en el presidente más aislado de la historia reciente. Su estrategia fue el conflicto permanente: atacó a medios como "prensa canalla", llamó al Poder Judicial "dictadura perfecta", lideró marchas contra el Fiscal General — algo nunca visto en la historia democrática del país —, vetó más leyes en los primeros meses que ningún presidente antes, y cuestionó públicamente la imparcialidad del TSE antes de las elecciones de 2026. Todo esto con una aprobación sostenida por encima del 55-65%, según el CIEP de la Universidad de Costa Rica. Paradójicamente, la ciudadanía le apoyó precisamente por atacar las instituciones.

Laura Fernández se define a sí misma como "liberal en lo económico y conservadora en lo social." Puntarenense, hija de un agricultor y una profesora, politóloga graduada de la UCR, madre de una niña de tres años nacida de un embarazo de alto riesgo, fue ministra durante toda la administración Chaves. Su campaña giró en torno a cinco ejes: seguridad con "mano dura", continuación de obras de infraestructura del gobierno saliente (Ciudad Gobierno, marina en el Caribe, puertos y aeropuertos), venta de activos del Estado, reforma del Poder Judicial y la llamada "Tercera República". Esta última es el punto de fricción: la Segunda República data de 1948, fundada por José Figueres Ferrer tras la guerra civil, aboliendo el ejército y creando la Constitución vigente. Hablar de refundarla implica una Asamblea Constituyente.

La presidenta electa insistió en su discurso de victoria que "nunca" permitirá el autoritarismo. Pero el análisis político es más matizado. Con 31 diputados, Fernández podrá aprobar leyes ordinarias, el presupuesto y — crucialmente — designar durante este periodo a 25 altos cargos del Estado, incluyendo la Contraloría General y la Defensoría de los Habitantes, los principales órganos de fiscalización del gobierno. Esto es lo que alarma a analistas: no una ruptura constitucional brusca, sino la colonización progresiva de los contrapesos. El doctor Constantino Urcuyo, ex-diputado y especialista en sociología política, lo resumió: "Los populistas de derecha quieren mandar solos. La idea es una concentración del poder en el presidente."

El triunfo de Fernández se inscribe en una tendencia continental que ya incluye a Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador reelegido, Daniel Noboa en Ecuador, José Antonio Kast en Chile, Nasry Asfura en Honduras, y la consolidación de Trump en EE.UU. El Nobel de la Paz costarricense Óscar Arias fue directo: hoy está en juego "la supervivencia de la democracia costarricense." La revista Nueva Sociedad describió el fenómeno como "populismo autoritario como respuesta a la crisis de la excepcionalidad costarricense": Costa Rica se construyó sobre la fantasía de ser diferente a sus vecinos; la pérdida de esa excepcionalidad —en homicidios, desigualdad, corrupción percibida— fue el caldo de cultivo para el mismo estilo de liderazgo que el país siempre vio como ajeno. El país que abolió el ejército en 1948 debate hoy si necesita estados de excepción.